Mucha agua para minería, poca para agricultura

• Claudia Ocaranza

“Pareciera que las aguas del río están concesionadas a la mina”, denuncia Pedro Luna Martiñón, habitante de Aconchi, ante autoridades de Semarnat y Profepa. La queja refleja no sólo el hecho de que cada vez más la empresa tiene ventaja en el uso del agua por encima de las comunidades, sino, cómo la desorganización en la gestión impacta en la vida de las personas en torno al acceso, hace más difícil la vigilancia de su uso por parte de grandes empresas y la exigencia de rendición de cuentas.

Son al menos tres dependencias con responsabilidad en el ordenamiento del agua en la región del Río Sonora: Conagua, el Organismo de Cuenca del Noroeste de Conagua en Sonora, y la Comisión Estatal del Agua (CEA). Pero algunas de ellas son omisas. En su estudio de 2015, la Conagua “no dispuso de un registro de conflictos relacionados con el agua, pero la ASF identificó en el Observatorio de Conflictos por el Agua de México (OCAM) del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) la ocurrencia de siete conflictos relacionados con el agua, de los cuales cuatro (Acueducto Independencia, Contaminación de Río Bacanuchi, Monterrey VI y Presa el Zapotillo) se encontraron activos en 2015; sin embargo, ni la Conagua ni los Organismos de Cuenca actuaron como conciliadores o árbitros para la solución de estos conflictos”, declaró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aun con sus omisiones, las autoridades regulan y ordenan cómo se usa el agua en Sonora de manerea favorable al setor privado y desfavorables a las comunidades. Mientras las empresas logran más concesiones, a la gente se le obliga a modificar sus formas de organización y se les impone requisitos nuevos para renovar permisos de agua para uso agrícola y pecuario. Tal es el caso de las Unidades de Riego, figuras de organización relacionadas al uso de agua de pozos, y donde se agrupan pequeños agricultores y ganaderos, sean o no ejidatarios.

Dificultades para las Unidades de Riego

Los permisos de uso de agua concedidos a las Unidades de Riego tienen una vigencia de 10 años. Este año, cuando algunos pobladores quisieron renovar sus concesiones, se encontraron con que las reglas del juego habían cambiado. Conagua les exige ahora estar dados de alta en el registro mercantil como una empresa o asociación privada.

“Conagua está impulsando el tema de que las unidades tienen que tener personalidad jurídica para ser sujeto de derecho, y es algo que choca mucho con los usos y costumbres de ciertas comunidades. Es dañino porque las mesas directivas se pueden volver vitalicias. Es discriminación, además, esa especie de requisitos provoca que incumplan los agrícolas y ganaderos pequeños, y dejen libres sus concesiones para que puedan ser dadas a grandes empresas. Buscan exprimir a los tenedores de concesiones para unidades de riego hasta que se agoten”, dijo a PODER Elena Burns, directora de la organización Agua para Todxs.

Norberto Bustamante, habitante de Huépac, cuenta a PODER que él junto con otros habitantes, iniciaron la renovación de “permisos para tres pozos de abrevadero con el que darían de beber a 1500 vacas, desde hace dos años y sigue en trámite. Vuelven a pedir requisitos nuevos cada vez que vamos”.

“Aquí hay mucha problemática con las Unidades de Riego, necesitamos el apoyo por parte de Conagua y el SAT. Para renovar un permiso de un pozo, el SAT está pidiendo que estés dado de alta, con un acta constitutiva. Muchas Unidades de Riego no tienen un acta constitutiva, si no, no se pueden bajar recursos. El presidente de la toma de la unidad de El Bajarán fue a renovar el permiso del pozo cuatro días antes de que feneciera. Y le salieron con que había una cláusula ahí con letras chiquitas que decía que tenía que ir seis meses antes. Eso es lo que no sabe la gente, necesitan informarle a la gente”, explica Manuel Contreras a los servidores de Semarnat y Profepa durante la reunión en Aconchi el 23 de octubre pasado.

Existen los decretos presidenciales en los que se da prórroga para que las Unidades de Riego puedan renovar sus permisos; sin embargo, no es fácil encontrarlos en una simple búsqueda de Internet ni hay información suficiente por parte de Conagua.

Las dificultades para renovar los permisos de agua para las Unidades de Riego repercuten en la siembra y producción de las mismas. Contreras menciona que, por ejemplo, en Aconchi hay 8 Unidades de Riego, todas con problemas, pero especialmente una con 100 hectáreas donde no se siembra nada desde hace tres años.

El derrame de 40 millones de litros de sulfato de lixiviado de cobre en la mina Buenavista del Cobre en 2014 hizo estragos en el ciclo de siembra otroño-invierno en las Unidades de Riego de tres de los cinco municipios afectados por el derrame, donde su producción redujo su valor en comparación con el siguiente año en el mismo ciclo, según las Estadísticas Agrícolas de las Unidades de Riego 1 de Conagua.

Las Unidades de Riego de Aconchi cayeron 5.8% en su valor de producción, Arizpe 51.9% y Baviacora 19.30%. Sólo Banamichi y Ures registraron un aumento en el valor de su producción en las unidades. No hay datos para el ciclo 2014-2015 para los municipios de Huépac y San Felipe de Jesús 2, los otros dos afectados por el derrame.

Beneficios para las minas

A la desorganización en la gestión del agua en Sonora, se suma la presencia de las mineras, el derrame de 2014 que contaminó el agua del río, y ahora la construcción de un embalse de más de 6 mil hectáreas en la nueva presa de jales de Buenavista del Cobre, que afecta desde ya la continuidad del sistema hidrológico. La megapresa “pondrá en estado de vulnerabilidad de contaminación al acuífero”, según el informe de PODER sobre el Proyecto Nueva Presa de Jales, publicado en 2019.

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En la carretera que comunica a los municipios afectados por el derrame y que sigue el camino del Río Sonora desde Bacanuchi hasta Hermosillo, además de montañas verdes y cafés que contrastan con el asfalto del camino, es común ver caravanas de camionetas que resguardan a otros vehículos de carga con maquinaria para perforar pozos de agua.

Circulan como los coches en los que se movieron Alicia Tamez y Miguel Sánchez, del área de Participación Ciudadana de Profepa; y Víctor Larraguivel y José Luis Bravo del área de Participación Ciudadana de Semarnat, para asistir a las reuniones con las comunidades realizadas entre el 22 y 29 de octubre de 2019.

Pero el destino de las camionetas con perforadoras de pozos es alguna de las minas, cuyas entradas están a lo largo del camino. Ya sea que se dirijan al proyecto Las Chispas o a la unidad minera Santa Elena, de la empresa First Majestic, o a Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

“Lo que más se mira son las perforaciones de los pozos de agua. Sabemos (los pobladores de Bacanuchi) que son pozos de la mina. Donde empiezan a trabajar hacen pruebas y dejan agua tirada”, explica a PODER Gloria Simpson, habitante de Bacanuchi, afectada por el derrame y ahora por la nueva presa de jales de Grupo México.

Perforadora de pozos en la carretera. Crédito: Claudia Ocaranza

Las consecuencias de la presencia de agua contaminada y su consumo después del derrame de Grupo México, así como el gasto en comprar garrafones, el cansancio de cargarlos para transportarlos, los problemas de salud y las afectaciones a la producción agrícola fueron las mayores quejas de los habitantes que asistieron a las reuniones con Semarnat y Profepa. Sin embargo, como si el agua no fuera un elemento que conecta y afecta cada aspecto de la vida de las personas, especialmente para las comunidades del Río Sonora que han vivido y cuidado del río durante décadas, los servidores de las áreas de participación ciudadana de Semarnat y Profepa más de una vez les aclararon que “sólo venimos por lo ambiental”. No hubo representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las reuniones.

En el estudio “Actualización de la disponibilidad media anual del agua en el acuífero Río Sonora (2624) Estado de Sonora”, publicado por la Conagua en abril de 2015, se establece que el uso de ese acuífero es mayoritariamente agrícola, seguido por el uso público urbano de las poblaciones y finalmente por el sector pecuario. La utilización para la industria extractiva existente en la zona, específicamente la minería, no aparece de modo directo en este estudio. Se podría deducir que la minería entra en el ramo de concesiones para uso industrial.

Pero a través del Registro Público de Derechos de Agua (REDPA), se observa cómo a partir del año 2012 Buenavista del Cobre comenzó “una política activa de acaparamiento de agua procedente de dos Cuencas: La del Río San Pedro, al sur del pueblo de Cananea y, la del Río Sonora, en sus ríos tributarios Bacanuchi y Bacoachi”, según un estudio realizado por PODER con los Comités de Cuencas Río Sonora.

Grupo México tenía hasta este año 5 concesiones en la Cuenca del Río Sonora, lo que equivale a 23.8 millones de metros cúbicos por año, mientras que la recarga total media anual de la cuenca es de 66.6 millones de metros cúbicos. Es decir, el 35.8% de lo que cada año se almacena de agua en el acuífero, está en manos de una minera privada. Esta cifra, proveniente del registro público de derechos de agua de la Conagua, contradice a la propia Conagua en su estudio de 2015, donde afirma que tan sólo 0.81% del volumen de la cuenca se destina a uso industrial.

En contraste, desde 2014 hasta 2019 Conagua ha dado 49 concesiones por 369,670.4 metros cúbicos de aguas subterráneas provenientes de la Cuenca del Río Sonora anualmente a personas físicas y ejidos, para “diferentes usos, uso pecuario, agrícola y doméstico”, de acuerdo con bases de datos de Conagua facilitadas por la organización Agua para [email protected] 3.

Tal como está el conteo, con incoherencias en los números de concesiones y volumen de agua en manos de las empresas privadas, es imposible saber si el agua usada por la minera está siendo contabilizada en el reordenamiento del agua, anunciado por la Conagua y entregado al Gobierno de Sonora en 2018, o si sólo se pretender ordenar el agua que usan las comunidades 4.

La Zona Económica Especial Río Sonora

Por otro lado, pero también relacionado con la presión sobre la Cuenca del Río Sonora, está la iniciativa de la Zona Económica Especial Río Sonora (ZEERS), que plantea facilidades fiscales y de permisos para usar recursos naturales para promover inversiones privadas. Durante su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar prioridad al Tren Maya, uno de los proyectos que ha colocado como insignia en su administración, canceló seis ZEE de competencia federal, pero no la de Sonora, al ser esta de competencia estatal 5.

Un mes y medio antes de que iniciaran las reuniones entre representantes de la Semarnat y de Profepa en 6 municipios de Sonora afectados por el derrame, se aprobó el Proyecto Hídrico del Gobierno de Sonora para la ZEERS 6, que contempla 24 obras de infraestructura hídrica.

Las Zonas Económicas Especiales también tiene un impacto en el acceso al agua, pues para atraer a empresas de diferentes industrias, como la minería, ofrecen más facilidades para obtener concesiones de agua para uso industrial, incluso quitando vedas a zonas donde el agua era intocable, según han denunciado organizaciones de la sociedad civil. En ese mismo mes, septiembre de 2019, el Gobierno de Sonora se congratuló por lograr la visita del subsecretario de Minería de México, Francisco Quiroga, a la Unidad Minera Santa Elena y al Proyecto Las Chispas, de First Majestic y a municipios pertenecientes a la Zona Económica Especial del Río Sonora.

Sin embargo, la realidad para los habitantes de esos municipios no es la misma que para los gobernantes. “La minería y la agricultura no tienen por qué estar compitiendo por el agua”, reclamó una de las participantes en la reunión con Semarnat y Profepa en Aconchi.

Un día antes de iniciar las reuniones, el 21 de octubre, se celebró la III Reunión Intersecretarial de la ZEERS entre dependencias estatales. Una parte de la reunión ocurrió a puerta cerrada y en otra se invitó a investigadores, pero no a pobladores, a pesar de que algunos de ellos se apersonaron en las oficinas para que les dejaran pasar.

La que sí estuvo invitada fue Irma Portes, directora de Desarrollo Comunitario de Grupo México. Ahí presumió que la empresa ha invertido 3.2 millones de pesos en 12 proyectos productivos en la zona, incluidas inversiones en temas de salud para los pobladores del Río Sonora 7. La empleada de Germán Larrea no mencionó que menos de un mes después, la empresa cedería a la Guardia Nacional el edificio de la inconclusa Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), comprometida como respuesta al derrame de hace cinco años para supuestamente atender a la gente afectada en su salud 8.

Los servidores de Semarnat y Profepa mantuvieron el mismo discurso en todos los encuentros con las comunidades: “venimos a escuchar, no podemos emitir decisiones, pero en cuanto se tengan los resultados de estas reuniones, se van a enterar de los mismos. Todavía no sabemos de qué forma, pero se enterarán”.

Edición de Eduard Martín-Borregón.