Del 22 al 29 de octubre de 2019, servidores públicos de las áreas de Participación Ciudadana de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal para la Defensa del Ambiente (Profepa), sostuvieron reuniones con la gente afectada por el derrame de lixiviado de cobre de Grupo México hace cinco años en Sonora en su mina Buenavista del Cobre.
Banámichi, Huépac, Arizpe, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo fueron las sedes de las reuniones. Los representantes de Semarnat, José Luis Bravo y Víctor Larraguibe, y de la Profepa, Alicia Tamez y Miguel Sánchez, aseguraron tener órdenes de Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de recopilar los malestares y necesidades de la población para hacer un diagnóstico de la situación y presentar posibles soluciones.
Estos son algunos testimonios de quienes exigen justicia y un alto a la nueva presa de jales.
“Las mujeres no han tenido problemas con el derrame? ¿cargan muy a gusto los garrafones de agua?”, pregunta la profesora Guadalupe Gamez, habitante de Aconchi, a las mujeres presentes en la reunión con Semarnat y Profepa en ese municipio el 24 de octubre. Afirma que las mujeres de Sonora ya no soportan el gasto “de estar llevando el agua como esclavas”.
“Está grandota la presa, y filtra lo que hay ahí porque cae agua en las tinajas y eso se va para el río, nosotros vemos eso. Gente de mismo Cananea, que trabaja ahí, nos ha dicho que se filtra. Incluso no han terminado la presa y sabemos que ya se está filtrando lo que contiene”, dice Rafael Espinoza, durante la reunión con Semarnat y Profepa en Arizpe.
“Aunque nos digan que estamos bien, físicamente nos sentimos mal. Por eso venimos aquí, venimos por la verdad, no por la mentira, porque estamos enfadados”, comentó José Luis Espinoza. Su pierna fue afectada por el agua contaminada del Río Sonora después del derrame de Grupo México.
Así lo expresa Ramón Miranda, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora.
“Quiero que le manden un mensaje al señor Víctor Toledo de nuestra parte. Nosotros ya tuvimos el honor de verlo en Ciudad Obregón. En aquel tiempo nos decía que éramos cuatro o cinco, nos cuestionó que fuimos cuatro personas, pues les hemos demostrado en el trayecto al Río Sonora que no somos cuatro ni cinco. El problema es muchísimo, mucho más grave de lo que dicen las autoridades aquí en Sonora”, dice Miranda.
María del Carmen Padilla, habitante de Huépac, comentó a los representantes de Semarnat y Profepa que “tenemos que comprar el agua de 15 hasta 50 pesos. Si nosotros no podemos consumir el agua, el animal tampoco, porque nos lo vamos a comer. O sea, ¿qué hizo el derrame? Perjudicar. Nosotros ahora estamos sobreviviendo sobre el daño hecho”.
“Estudiaban el agua de mi casa también. Las tomaban en botellas y se las llevaban a estudiar. Solo una vez nos dieron los resultados y debo dar las gracias al doctor que me los dio porque me llamó a ladito para dármelos. Dijo, ‘le salieron un nivel más alto que la norma en plomo, arsénico, alumino y cobre’. Me subrayaron plomo”, explica Elda León, habitante de Banámichi, durante la primera reunión con Semarnat y Profepa el 22 de octubre de 2019.
“Las minas son como un monte que le pone fuego y dice que lo quiere apagar, pero por el otro está poniendo la leña ¿cómo va a apagar el monte? Jamás. Por eso tenemos que exigir a las autoridades, o ¿están esperando que haya una epidemia en el río sonora, hasta entonces se va a poner atención a las cosas o acaso están esperando que nos salgamos poco a poco de nuestros pueblos y dejemos nuestras casas, pertenencias y dónde hemos nacido?”, recrimina un habitante de Aconchi a los representantes de Semarnat y Profepa.
Carmen Contreras relata cómo ella y otras mujeres de la comunidad de Sinoquipe, en Arizpe, lucharon en contra de las autoridades para que no se reabriera el pozo contaminado después del derrame de Grupo México en 2014. Incluso retaban a las personas de Conagua que intentaron reabrirlo a ser ellos los primeros en tomar un vaso de esa agua contaminada.